Descripción

Este artículo estudia el impacto en el mercado de créditos al consumo de tres leyes, implementadas entre 2010 y 2012, que han reducido la información pública disponible en el Directorio de Información Comercial (DICOM). La legislación de 2010 bloquea la publicación de la información de protestos y morosidades contraídas durante los períodos de cesantía que afecten a cada deudor. Una legislación en 2011 prohíbe predicciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las persona, lo que impide la utilización del número de consultas realizadas a los antecedentes de crédito del deudor como un factor de riesgo comercial. La legislación de 2012 procedió a la exclusión del boletín comercial de los protestos y morosidades de mediano o bajo valor (definidas como obligaciones con un capital de impago total inferior a $2.500.000).
Utilizando una base de datos con un cruce de información entre el sistema bancario y la Encuesta Financiera de Hogares, yo encuentro que la legislación de 2010 aumentó el acceso al crédito, el crédito total y el bien-estar, al paso que la ley de 2012 tuvo el efecto opuesto. La legislación de 2011 tuvo un impacto muy bajo en el bienestar total. Estos resultados son consistentes con predicciones teóricas de que menos información de crédito puede (en determinadas condiciones específicas) mejorar el bien-estar total, caso su efecto en el riesgo moral (“moral hazard”) sea limitado.