Descripción

Este artículo trata sobre el contenido económico de la Constitución chilena, con un foco especial en el lugar que en ella ocupa el Banco Central de Chile. Para esto se hace un recuento sobre cómo y con qué propósito se ha ido incorporando contenidos económicos en las constituciones en el mundo, identificando sus alcances en la actual Constitución Política de Chile.

Luego se analiza las disposiciones constitucionales sobre el Banco Central de Chile, particularmente en lo referente a su autonomía institucional, la que se compara con las normas constitucionales actualmente aplicables a otros organismos autónomos. Se constata que la mayor autonomía orgánica, funcional y patrimonial que la actual Constitución otorga al Banco Central se combina con mayores exigencias en materia de rendición de cuentas y con disposiciones orientadas a fortalecer la coordinación de políticas macroeconómicas. Con el paso del tiempo, la evolución de las normas emanadas del propio Banco y del marco de la política monetaria ha tendido a profundizar esta característica.

El trabajo luego se orienta a evaluar el impacto económico de la autonomía institucional del Banco Central a la luz de los fundamentos teóricos y empíricos que la sustentan. La evidencia acumulada a lo largo de 27 años de vigencia de este régimen es concluyente no sólo en cuanto a que dicha independencia ha sido fundamental para el logro de avances sustanciales y duraderos en el control de la inflación sino también respecto de su aporte a la reducción de la volatilidad y los riesgos macroeconómicos en el país.

El trabajo culmina con una discusión sobre las perspectivas para el futuro desarrollo institucional del Banco Central en el contexto del debate sobre una nueva Constitución para Chile. A este respecto se argumenta que tanto los logros económicos como la responsabilidad en el ejercicio de la autonomía por parte del Banco son argumentos poderosos para validar su status actual ante la ciudadanía, del mismo modo que la doctrina y la práctica acumulada aportan elementos suficientes para actualizar la concepción institucional de autonomía, enmarcada en los principios y obligaciones del orden democrático. Esto no obsta para que el Banco Central continúe adaptando su organización y competencias para enfrentar nuevos desafíos económicos y políticos.